En marzo se activa la nueva Ley de Contratos del Sector Público que lucha contra la morosidad tanto de entidades públicas como intermediarios.
De acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán incumplir el plazo legal de pago a los subcontratistas. El plazo se fija en un máximo de 60 días. La ley obligará a depositar cada factura en un registro electrónico. Se elimina la posibilidad de pactar entre las partes plazos de pago diferentes a los legales. Además, imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más 30 días, sin excepciones.
La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público entrará en vigor el 9 de marzo de 2018, con algunas excepciones. Entre sus objetivos incorpora la simplificación de los trámites y con ello, conseguir una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. Además, entre las novedades que incluye un mayor control de la morosidad, lo que supone un alivio para las PYMES que trabajan para las Administraciones Públicas. Y las blinda frente a intermediarios.
Subcontratistas. Lucha contra la morosidad
Como medidas en beneficio de las PYMES, se incluyen en este texto legal las medidas que ya aparecían dentro de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Además se establece la obligación para el órgano de contratación de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista, y sus plazos de pago. 
Para facilitar estas medidas se establece:
Además de cumplir el plazo de pago en 60 días para empresas y subcontratas, se elimina la posibilidad de pactar entre las partes plazos de pago diferentes a los legales. Además, imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más 30 días, sin excepciones.
Con la nueva ley se establece como punto de inicio del cómputo de los plazos de pago la fecha de entrega del bien o prestación del servicio. Esto es algo que ya estaba así en la Ley de Morosidad, pero no se cumplía en la construcción. El problema radicaba no se contaba la ejecución, sino la certificación. Algo que se ejecutaba al mes después del inicio.
Se introduce el sistema de factura electrónica obligatoria y registro electrónico único para el conjunto de la cadena de contratación pública. Esto permitirá acreditar la fecha en la que se presentan las facturas por el subcontratista al contratista de forma inequívoca y sin interpretación posible.
Mejoras más relevantes que introduce la nueva Ley de Contratos del Sector Público contra la morosidad
- Plazos de pago: eliminación de la posibilidad de pactar entre las partes plazos diferentes a los legales, en función del medio de pago; no se permite pactar plazos superiores al establecido por la ley.
- Plazo máximo de aprobación de certificaciones: máximo 30 días, sin excepciones.
- Cómputo de los plazos de entrega: la fecha de entrega del bien o prestación del servicio.
- Subcontratación: posibilidad de pagos directos a los subcontratistas, siempre y cuando se contemple en los pliegos de contratación. La comprobación de los pagos de los contratistas a los subcontratistas es obligatoria por parte de la Administración, en determinados casos. Se elimina la posibilidad de pactar plazos superiores a los legales entre el proveedor y el subcontratista.
- Factura electrónica y Registro Electrónico Único: abarca toda la cadena de contratación.